Los últimos derrames de petróleo no hacen sino agudizar el grave daño que viene sufriendo nuestra Amazonía, producto del accionar irresponsable de más de 40 años de actividad petrolera pública y privada.

Entre 1994 y el 2016 se han derramado más de 50,000 barriles de petróleo en la selva peruana. Y esta información subestimaría el número real de derrames, pues se basa en cifras provistas por las mismas empresas petroleras (Pluspetrol y Petroperú), y no considera los cientos de denuncias de derrames realizadas por las comunidades nativas durante este tiempo.

Históricamente, sin embargo, los derrames de petróleo no han sido la principal fuente de contaminación en la Amazonía. Hasta el 2008, tanto la Occidental Petroleum Company, como Petroperú y Pluspetrol, en el lote 192 (ex 1AB) y en el lote 8, vertían directamente a los ríos de la selva más de un millón de barriles al día de aguas de producción, porque nuestra legislación lo permitía. Dichas “aguas de producción o residuales” son originadas en el proceso de extracción del crudo, vertidas a un promedio de 90°C de temperatura, y contienen metales pesados, hidrocarburos totales, un alto grado de acidez, y material radioactivo tal como estroncio y radio.

Asimismo, a partir de un informe de la Defensoría del Pueblo del 2015, se sabe que al 2002 Perupetro daba cuenta de 8,944 pozos inventariados, de los cuales un total de 6,065 se determinaron como abandonados sin un cierre adecuado. Extrañamente, un inventario parcial presentado al 2015 por el Ministerio de Energía y Minas únicamente declaró 156 pasivos ambientales del subsector hidrocarburos. (Informe 171-2015. Defensoría del Pueblo, 2015).

Las federaciones nativas Fediquep (río Pastaza), Feconaco (río Corrientes), Acodecospat (río Marañón) y Feconat (río Tigre) estiman que actualmente al menos 25,000 personas beben agua contaminada y se alimentan con peces contaminados en un área afectada cercana a las 4 millones de hectáreas. La magnitud de este impacto hace que la contaminación acumulada producida por la industria petrolera en la Amazonía peruana pueda ser más grave que la producida por Chevron en Ecuador, considerado uno de los peores desastres ambientales ocasionados por esta industria en toda su historia.

Para darnos una idea del impacto generado por la actividad petrolera desde sus inicios en 1971, ya en 1984 la Oficina Nacional de Recursos Naturales (ONERN) había declarado al Lote 1 AB (hoy Lote 192) como la zona más contaminada del país. De igual manera que la data sobre el número de derrames, la data oficial sobre los impactos de los derrames es incompleta y está desactualizada, debido a las deficiencias del sistema de fiscalización ambiental. Crucialmente, no podemos tener una idea completa del impacto, porque no tenemos una línea base de cómo estaban los territorios (biomasa en ríos, cochas, monte, etc.) antes de la actividad petrolera. Es decir, la crisis de contaminación es potencialmente más aguda de lo que se manifiesta en los medios.

Sólo las luchas y movilizaciones llevadas a cabo por las federaciones nativas han hecho posible que el Estado, desde el 2006, empiece a reconocer la gravedad de la afectación a la salud de decenas de miles de personas. Desgraciadamente, como lo demuestra una carta escrita por las federaciones a inicios del 2016 al presidente Humala, ese reconocimiento no se ha traducido en el cumplimiento oportuno y cabal de las demandas contenidas en diversos acuerdos, constatados en las siguientes actas: a) Acta de Teniente López (setiembre, 2015), b) Acta de José Olaya (noviembre, 2015); c) Acta de Lima (2015).

La federaciones denuncian que sus niños nacen con deformaciones y mueren a temprana edad, que los adultos viven menos que antes, que no tienen acceso a alimentos sanos, que las fuentes alternativas de alimentación como pollo y huevos se encarecen por causa de los fletes, y que no hay oportunidades de trabajo debido a los impactos de los derrames en la pesca y la agricultura. Es indignante que ante esta situación, una esperanza de ingresos sea el trabajar para limpiar estos mismos derrames. Llegan empresas, contaminan, y luego tú lo tienes que limpiar, exponiéndote más a los impactos.

Es necesario remarcar que la calidad de vida de los pueblos originarios responde a estándares culturalmente específicos, y a vínculos espirituales y culturales con la naturaleza que el mundo occidentalizado aún debe aprender a respetar. Esta incomprensión cultural y social desde el gobierno y el Estado es evidente cuando se pretende imponer intervenciones e indicadores de “desarrollo”, y acciones compensatorias vía proyectos de inversión pública o privada, como por ejemplo la provisión de agua entubada ó instalación de baños “dignos”, pese a que estas aguas no son completamente remediables.

Toda omisión causada durante estos años ha generado un cuadro de enfermedades crónicas, inseguridad alimentaria, migración, muerte e incertidumbre sobre la vida misma y salud de las futuras generaciones. Actualmente, quienes hayan podido resistir estas afectaciones tienen la carga de apelar a que el Estado les compense algo invaluable e insustituible: la salud. Causa indignación que las mismas poblaciones hayan tenido que acudir a la observación internacional para exigir al Ministerio de Salud que les atienda y haga los estudios especializados. Es lamentable que el Estado nunca haya tenido la iniciativa de hacerlo, a pesar de que el lote 1AB y 8 son los que generan más producción a nivel nacional.

Reportes de la OEFA del 2015 detectaron la falta de mantenimiento preventivo en el oleoducto Norperuano y, como expertos del sector señalan, dicho oleoducto no fue construido para transportar lo que hoy transporta: crudo pesado. El crudo pesado conlleva un desgaste o corrosión distinto al de los crudos ligeros inicialmente extraídos. Los derrames de petróleo se dan con regularidad, y esto es un indicador más de que es un problema sistémico en todo el sector petrolero. La situación del Oleoducto Norperuano se repite en el sistema de ductos del lote 192, hecho que ya ha sido denunciado por las organizaciones indígenas de la zonas ante las autoridades correspondientes, como OEFA y OSINERGMIN - sin embargo, al respecto tampoco se dice nada.

La falta de remediación de los pasivos ambientales, los bajos estándares de operatividad de las empresas privadas y públicas, la judicialización de las multas impuestas y su posterior archivo, una entidad fiscalizadora que sólo puede multar en casos de reincidencia y no preventivos por tres años gracias a la Ley 30230 – todos estos factores continúan socavando la vida, la dignidad humana, y los derechos constitucionales de la población nativa, colocando en alto riesgo a la población vulnerable de Loreto, del Datem del Marañon y de múltiples otras zonas del país.

Habiendo constatado todas estas deficiencias, y en acuerdo y solidaridad con las organizaciones de base indígena ya mencionadas, desde TierrActiva nos unimos a exigir las siguientes acciones del gobierno entrante:

1) Inmediata atención a la población afectada, movilizando a INDECI con recursos correspondientes a la “Gestión Reactiva de la emergencia tecnológica”, atendiendo a la población afectada.

2) Atención para desintoxicación, estudios de línea base, atención dermatológica, seguros de vida, y traslados de casos severos a Lima.

3) Resolver el problema de abastecimiento de agua segura y apta para el consumo humano, así como de acceso a alimentos sin contaminantes.

4) Inmediata acción de remediación a través del FONAM, con un debido seguimiento a la ejecución presupuestal del Fondo de Remediación.

5) Incremento de los recursos del Fondo Semilla de Remediación para las cuatro cuencas, por ser insuficientes para las todas las labores de remediación pendientes en los Lotes 192 y 8.

6) Transparencia con los resultados de los estudios de campo de OEFA, OSINERGMIN, MINEM, MINSA, etc., e informes públicos de los mismos.

7) Cierre de pozos y del oleoducto hasta que se hayan corregido las fallas técnicas halladas por la OEFA.

8) Promover la creación de Consejos de Cuenca implicados en los entornos del Oleoducto Nor Peruano, con recursos asegurados para su puesta en marcha.

9) Iniciar un debate para la planificación de una matriz energética limpia y sostenible, con una Comisión Multisectorial Inclusiva que incorpore tanto a representaciones indígenas nacionales como a sociedad civil.

10) Actualizar el instrumento de gestión integral de todo del Oleoducto Norperuano e identificar las responsabilidades individuales y compartidas entre empresas privadas y empresa pública.

11) Establecer y capacitar un Comité de Vigilancia Ambiental Territorial Comunitaria para la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos.

12) Aprobar el proyecto de ley para el reconocimiento de la vigilancia y monitoreo ambiental.

13) Revisar contratos y reajustes en cuanto al desempeño ambiental considerando la Resolución Directoral Nº012-2016/OEFA/DS del 15 de febrero del presente año.

14) Transparentar los métodos de extracción aplicados y las sustancias utilizadas a la fecha, así como las que se pretenden utilizar para el subsector hidrocarburos.

15) Informar sobre el estado de pago de la deuda por la construcción del oleoducto Norperuano.

16) Cumplir y aumentar la ambición de los compromisos adoptados en el Acuerdo de París y las Contribuciones Nacionales para mitigar al cambio climático, que incluye una transición hacia las energías renovables. Superar el 10% de energías renovables en la matriz nacional antes del 2025.

17) Tomar de ejemplos exitosos como la Iniciativa Africana de Energías Renovables para promover la electrificación rural mediante la energía renovable. Promover energías locales, descentralizadas, y de manejo comunal como alternativas económicas y energéticas.